Improbación del presupuesto municipal pone en riesgo la salud y el desarrollo de Puntarenas por falta de responsabilidad municipal
Martes 23 de diciembre, 2025. La Contraloría General de la República improbó el presupuesto inicial 2026 de la Municipalidad de Puntarenas por ₡17.917,71 millones, debido a graves incumplimientos legales y administrativos atribuibles a las autoridades municipales. Esta decisión tendrá consecuencias directas y negativas para toda la población del cantón.
El órgano contralor determinó que el presupuesto fue aprobado incumpliendo un requisito básico y ampliamente conocido: debía discutirse en una sesión extraordinaria dedicada exclusivamente a ese fin. No solo se incluyeron otros temas en la sesión, sino que posteriormente el Concejo Municipal intentó modificar actas y acuerdos ya aprobados en firme para aparentar el cumplimiento de la ley, una actuación que derivó en la improbación total del presupuesto.
Como resultado de esta falta de responsabilidad y compromiso, la Municipalidad deberá operar en 2026 con el presupuesto del año anterior, lo que limita seriamente la ejecución de proyectos, la atención de necesidades urgentes y la mejora de servicios esenciales.
Entre los proyectos directamente afectados se encuentra la construcción de la planta de tratamiento del Mercado de Puntarenas, una obra clave para la salud pública, el ambiente y el adecuado funcionamiento de este espacio emblemático. El Ministerio de Salud ha manifestado su preocupación por el impacto que el atraso o paralización de este proyecto puede tener sobre la salud de la población puntarenense.
“Esta situación afecta gravemente la gestión y el funcionamiento municipal. Hacemos un llamado al alcalde y al Concejo Municipal para corregir estas deficiencias y evitar mayores perjuicios”, señaló Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del IFAM.
“La reiteración de estas faltas evidencia un patrón de mala gestión, improvisación y desinterés por cumplir la ley, cuyas consecuencias recaen directamente sobre la inversión pública, los servicios municipales y la calidad de vida de las comunidades. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: parece que lo hacen a propósito… ¿con qué objetivo se toman decisiones que terminan afectando a toda la población puntarenense?”, agregó Mary Munive, Ministra de Salud.
Puntarenas merece una municipalidad responsable, transparente y comprometida con el bienestar de su gente. La Contraloría fue clara: esta situación era evitable. Hoy corresponde a las autoridades municipales dar explicaciones y asumir la responsabilidad política y administrativa por una gestión que pone en riesgo la salud y el futuro del cantón.
